La inmigración ilegal desciende en Estados Unidos después de una década
En 2011 las entradas ilegales a Estados Unidos desde México rozaronmínimos históricos. Ese año la inmigración también alcanzó un flujo neto de cero, con la salida de inmigrantes equilibrando la entrada de nuevos extranjeros. Y a finales de este 2012, el Censo confirma el descenso de la inmigración ilegal después de más de una década.
Un conjunto de factores económicos, sociales y demográficos han contribuido a que EE UU deje de ser el destino elegido por miles de emigrantes de toda América Latina, especialmente desde México. La mejora de las condiciones económicas en los países de origen, el envejecimiento de la población mexicana, la crisis de la economía norteamericana, así como el aumento de las medidas de seguridad en la frontera, han reducido las cuotas de entradas ilegales en su territorio.
El continuo descenso en el último lustro ha hecho además que, por primera vez desde 1910, la inmigración de hispanos haya sido superada por la de ciudadanos de origen asiático. La población indocumentada de EE UU ascendía a 11,1 millones en 2011, casi un millón menos desde el pico alcanzado en 2007, según la Oficina del Censo. La cifra, que no ha cambiado desde 2009, supone el 28% de la población y sitúa el número de indocumentados en niveles similares a los de 2005, antes de la última oleada migratoria.
El crecimiento de la economía estadounidense a mediados de la última década y el estallido del ‘boom’ inmobiliario hizo que muchos inmigrantes mexicanos y de otros países de América Latina cruzaran la frontera en busca de un empleo en el sector. Entonces, la cifra de americanos nacidos en el extranjero equiparó a la de inmigrantes legales e ilegales. En EE UU viven en la actualidad 12 millones de extranjeros, el 31% de los residentes en el país, gracias a visados temporales y permisos de residencia. Otros 15 millones, el 15%, obtuvieron la nacionalidad estadounidense por vías legales.
Este cambio demográfico determinará el futuro rostro de EE UU, con importantes consecuencias sociales, políticas y económicas. Las últimas elecciones presidenciales, en las que Obama consiguió la reelección para un segundo mandato, estuvieron marcadas por la significativa participación de los hispanos y su apoyo -del 73%- al aspirante demócrata. Esa cifra confirmó también que este sector de la población se aleja cada vez más de las posturas republicanas -y de sus rigurosas políticas anti inmigrantes- obligando al partido a reposicionarse en esta materia.
Las elecciones de 2012 vieron una cifra récord de votantes hispanos, cerca de 24 millones, y que podría duplicarse en 2030, según datos del Centro Pew Hispanic. Muchos de ellos acudieron a las urnas apoyando expresamente a Obama por su promesa de acometer una reforma migratoria durante este segundo mandato en la Casa Blanca, una propuesta que cuenta cada vez con más respaldo entre la población norteamericana. A pesar de que el presidente aprobó en junio una medida que suspende las deportaciones de los jóvenes indocumentados, aquellos que se hubieran beneficiado de la fallida ley Dream Act, el envejecimiento de los inmigrantes hace que cada vez menos de ellos puedan acogerse a estas concesiones.
El Partido Republicano reaccionó tras las elecciones anunciando su intención de colaborar en una reforma migratoria, aunque su primer paso no ha sido bien acogido tanto por los demócratas como por la población hispana. Los republicanos aprovecharon su mayoría en la Cámara de Representantes para aprobar la semana pasada la ley de empleo STEM, que otorgaría 55.000 visados cada año a graduados y licenciados en materias de Ciencia, Tecnología y Matemáticas. Los opositores a esta medida alegan que no es una solución definitiva para el sistema de inmigración ya que la mayoría de los indocumentados que residen en EE UU no podrían acogerse a ella.
Esta misma semana, el expresidente Bush presionó al Congreso para que insista en la consecución de la reforma completa, no a base de medidas parciales. La nueva ley de inmigración deberá incluir cambios en la entrega de visados para trabajadores temporales, en las medidas de control para impedir la contratación de indocumentados, así como una vía para regularizar a los 11,1 millones de personas que residen en el país sin autorización.
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